Veinte años de TLCAN y la política cultural en México

A veinte años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se imponen los balances y éstos nos muestran panoramas diferentes. Hasta donde llega mi entendimiento, si hablamos exclusivamente de comercio, los resultados son positivos al menos en algunos campos y, en consecuencia, se podría decir que el TLCAN ha sido útil para incrementar las exportaciones. Cuando vemos el panorama completo del desarrollo -que implica el bienestar, los ingresos y las capacidades de los ciudadanos- los datos no sólo son pobres, sino alarmantes. Muchos países latinoamericanos, sin contar con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, muestran mejor desempeño tanto en los indicadores macroeconómicos como en el combate a la pobreza (Weisbrot et al, 2014: 24). Y al mal desempeño de nuestro sistema económico y social se suma el flagelo de la violencia que es la antítesis de la vida, la salud, el bienestar y desarrollo económico del país.

Desde luego que hay que evitar los escenarios en blanco y negro, no porque no haya elementos para considerarlos, sino porque la parálisis que producen es contraproducente. Pensar que el TLC ha cumplido con sus objetivos es parcial si recordamos las expectativas difundidas hace veinte años. Mirar el tratado como un fracaso es olvidar que la opción por centrar la dinámica en la exportación de manufacturas la tomó el gobierno mexicano varios años antes y, que hasta cierto punto el tratado era una deriva natural de esa opción y tal vez la menos inconveniente.  No es que no hubiera opción ante la globalización económica pero, de entre las posibles –desde el alegre abandono a ella o su radical rechazo-, el TLC era una opción racional.

En materia de cultura podemos hacer una reflexión parecida. Antes de la firma del TLCAN, Carlos Monsiváis escribió que frente al tratado había posturas igualmente difíciles de compartir. La primera, que llamó “apocalíptica” olvidaba que muchas de sus preocupaciones ya habían ocurrido y miraba con temor que condujera a una indeseable censura de ideas sospechosas de amenazar la identidad nacional cuya defensa sería una tarea mayúscula en caso de que fuera posible localizar tal identidad. La puesta en escena de esta postura despertaba, decía Monsiváis, mayor apoyo pues se identificaba con la visión de los vencidos. La otra posición que denominó “utópica” era igualmente insustancial y hasta cierto punto más cuestionable  pues se basaba en la ensoñación de algunos entusiastas del TLC que pensaban que el sólo acto de firmar el tratado iba a liquidar siglos de atraso y escasez.  Una postura que predicaba el ingreso a la religión del mercado libre, sin importar las adversas condiciones en que el país lo hacía; sólo contaba “la reverencia ante la mentalidad triunfadora, la idea de existir por la imitación” (Monsiváis, 1992: 207-209).

Pero el claro análisis de Monsiváis no tuvo el efecto práctico de diferenciar la consideración de cómo se iba a ver afectada la Cultura por el tratado de lo que debería ser el contenido de una negociación precisa sobre el porvenir de los bienes culturales producidos por las industrias audiovisuales. Esto se expresó incluso en el reducido círculo que discutió los efectos que atraería el TLCAN en este campo. En efecto, a principio de los noventa Gilberto Guevara Niebla y Néstor García Canclini (1992) coordinaron con el apoyo de la subsecretaría de educación superior de la Secretaría de Educación Pública un seminario de análisis sobre las consecuencias del tratado en materia de cultura y educación. A éste asistieron muchos académicos, pero pocos funcionarios responsables de la negociación e igualmente hubo una participación muy reducida de creadores, y aunque García Canclini colocó la discusión en el terreno del intercambio de bienes y servicios culturales, hubo en realidad escasas propuestas que orientaran, si es que aún había tiempo, la negociación comercial en este campo.

Sealtiel Alatriste y la tormenta perfecta

Un alto funcionario de la UNAM ha debido dejar su cargo para poder detener la avalancha de críticas que ha suscitado la entrega del premio Xavier Villaurrutia -un galardón decidido por escritores para escritores, según reza la definición que se ha hecho de este premio- debido tanto que uno de los jurados era un subordinado del escritor premiado como a que sobre él pesaban acusaciones de plagio por tomar párrafos enteros de otros autores o de la enciclopedia virtual Wikipedia.

El caso muestra muchas aristas que desde una perspectiva de los interesados en la cultura y en las políticas y prácticas que rigen el campo de la producción, circulación y consumo de los bienes simbólicos impera en México. ¿Qué hubiera pasado por, ejemplo, si el funcionario impugnado no hubiera recibido el premio Xavier Villaurrutia, es decir, si no se hubiera creado una coyuntura que lo colocara en centro de la atención del mundo de las letras y del periodismo cultural? ¿Tendría la misma repercusión mediática y hubiera suscitado el mismo escándalo si el escritor señalada no hubiera sido director de Difusión Cultural de la UNAM, uno de los espacios identificados con la alta cultura del país y con poder para decir quien “usa” el extensísimo aparato cultural de la Universidad para difundir, discutir, cuestionar o exponer su obra? ¿Alcanzaría la misma notoriedad este caso de haber ocurrido en una institución no universitaria o del interior del país?

Una acusación de plagio muy sonada que hasta hace poco estaba pendiente de resolución fue la que entabló la escritora Carmen Formoso ni más ni menos contra el premio nobel de literatura Camilo José Cela por haber plagiado  una novela suya que presentó al premio Planeta de 1994, al que concurrió también el escritor gallego. Por cierto que en este caso la denuncia precisamente tuvo mayor repercusión porque Cela se alzó con el premio del certamen. La disputa no se estableció por haber tomado un párrafo del escrito de Formoso sino por “un supuesto de transformación, al menos en parte de la obra original” (El País 17-10-2010). La acusación también considera al delegado del grupo Planeta, José Manuel Lara, por supuestamente haber puesto a disposición de Cela la obra de Formoso. Es obvio que en la dificultad para resolver esta demanda es muy grande, como se puede deducir de los casi de quince años que lleva el proceso y de la gran cantidad de recursos con los que ha podido mantener su vigencia, ya que en realidad no se trata de la copia de un párrafo, ni del argumento de la novela, sino, en caso de que en realidad hubiera plagio, de un proceso de relaboración de un texto que por lo mismo es difícil de discernir.

Las repercusiones del descubrimiento de plagio en el caso de Sealtiel Alatriste se han multiplicado al ser designado merecedor del premio Xavier Villaurrutia por su papel de funcionario de una muy prestigiosa institución cultural. Posiblemente un escritor sin esa responsabilidad no sería juzgado con igual severidad que lo que ha sido Alatristre e incluso tal vez se hubiera dado el gusto de banalizar su conducta.  Mala suerte de Sealtiel Alatriste que no pudo actuar como Bryce Echenique quien al ser acusado de plagio recurrió a explicaciones increíbles como errores de su secretaria o intervenciones de hackers.

Tal vez lo que mayor indignación causó en el caso de Sealtiel Alatriste es que se tratara de un funcionario de la más importante institución universitaria del país, donde el plagio debe ser sancionado severamente. En un mundo de escritores donde es celebrado el poder de la creación, la denuncia de plagio es algo grave, pero cuando ese escritor representa a una importante universidad el caso se vuelve más grave porque se trata de un comportamiento ajeno a la deontología de la investigación y la docencia.

El caso Sealtiel Alatriste ha sido una representación de la llamada tormenta perfecta, ese fenómeno meteorológico que consistió en la concurrencia de varios accidentes atmosféricos: el hacer copia verbatim de pasajes de documentos producidos por otros y haberlos colocado en sus textos sin la debida referencia, el que por recibir un premio literario por obras que aunque fueran  ajenas a las denuncias de plagio, se animaran los juicios que cuestionaban sus méritos como creador, el que se tratara de un funcionario con poder sobre presupuestos, programas, inclusiones y exclusiones y el que una institución como la UNAM no pudiera contender con un desaire autoritario la denuncia de plagio a uno de sus altos dirigentes, llevó a un desenlace que ha colocado a Alatriste en un situación muy pesimista sobre su permanencia en el campo literario.

Las denuncias de plagio no son nuevas en la historia de la cultura occidental pero se han hecho más graves en la medida en que ahora es más fácil detectarlas y hay, por otra parte, una mayor conciencia del derecho a la propiedad intelectual. Muy probablemente, como se ha defendido Sealtiel Alatriste, los pasajes que ha copiado sin haber referido a sus autores constituyan una parte mínima y tangencial de su actividad creadora, pero la conciencia del mundo y, sobre todo, la crítica de sus pares es más dura que antes y cuenta con mayor repercusión mediática que hace años. Sus renuncias a Difusión UNAM y al premio Xavier Villaurrutia, anunciadas el día de ayer 14 de febrero apenas alcanzarán para sacar el tema del debate institucional para colocarlo en el de la esfera privada, pero no podrán hacer mucho más dado el papel de los escritores en esta época. Para fines de nuestras reflexiones sobre la política cultural, sólo podemos confirmar que éste ya no es un sector donde el autoritarismo pueda servir para gestionar los conflictos, sino que el vínculo cultura-democracia-justicia se ha hecho cada día más sólido e imposible de eludir.

Las políticas de la diversidad

Es posible presentar el despliegue del paradigma de la diversidad haciendo uso de varias entradas: la que tiene que ver con el debate académico, la conexión de los movimientos sociales con la diversidad, el debate propiciado por la UNESCO; y en el caso de América Latina el cuestionamiento del movimiento indígena a la concepción decimonónica del estado liberal, aceptación limitada de la diversidad bajo el cariz de soberanía nacional y la actual conexión de la diversidad con las políticas de libre mercado de bienes culturales. Como se ve, diversidad quiere decir muchas cosas y en ocasiones se empalman sus sentidos. Sin embargo, el eje fundamental de la misma es no sólo el respeto y la aceptación de identidades diferentes sino las posibilidades de su puesta en escena en el espacio público corriendo con ello el riesgo de parecer irracionales, antieconómicas o agresivas.

De igual modo sucede con las políticas de la diversidad. Éstas, en términos generales han abarcado cuatro campos prioritarios: Las que tiene que ver con las relaciones internacionales; las relacionadas con la estructuración de los Estados, las que tienen que ver con las políticas públicas y las que expresan la dinámica de la sociedad civil.

Diversidad y relaciones internacionales. Son las políticas más antiguas y fundaron durante un largo periodo las relaciones de los estados bajos los principios de soberanía y autodeterminación. Con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el principio de soberanía absoluta entra en una nueva fase de discusión. En 1950 se constituyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 1969 lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos los cuales tienen la obligación de velar por el cumplimiento de sendas convenciones continentales de Derechos Humanos. La doctrina sobre el derecho y la obligación de intervención de la comunidad internacional en casos de evidentes y masivas violaciones a los derechos humanos es antigua y algunos organismos continentales, como la Unión Africana, la tienen claramente establecida [1]  En la base de estas consideraciones hay un refinamiento en la conceptualización de la soberanía. Como reflexionó el secretario de las Naciones Unidas a raíz de las graves experiencias de Ruanda, Kosovo y Timor Oriental, existen dos conceptos de soberanía: la de los estados que tiene como límite el servicios  a sus ciudadanos y la de los ciudadanos que es la base de cualquier sentido de la soberanía al grado de el Secretario General consideraba la obligación internacional de proteger los derechos de los ciudadanos y no a los que abusan de ellos.[2] Los diversos instrumentos de que se han dotado las Naciones Unidas como los pactos sobre los derechos civiles y políticos, sobre los derechos económicos sociales y culturales o la reciente declaración (2007) sobre los derechos de los pueblos indígenas han afinado el marco y los límites de la soberanía y han trasladado la noción de diversidad de los estados a la sociedad.

Diversidad y reforma del Estado. El más claro impacto de las políticas de diversidad se encuentra en la actualidad en la transformación de la estructura de los estados. En Europa Occidental se observa este impacto en la transferencia de facultades a los estados e incluso en la reestructuración de la administración. Con el gobierno laborista fue posible la transferencia de competencias a los pueblos de Escocia y Gales los cuales constituyeron sus parlamentos en 1998, a los que se sumo el de Irlanda del Norte tras los acuerdos de Viernes Santo. También Londres, como metrópoli, creó una asamblea regional ese mismo año. El proceso que desde América Latina más impacto ha tenido es la constitución del Estado de las autonomías como parte de la construcción de la democracia en España. Estos procesos en general tienen como base el reconocimiento de identidades diferentes en las regiones de Europa cuyo límite aún no es previsible. En el caso de América Latina, como se verá más adelante, la reforma del estado ha sido menos visible, pero posiblemente más radical. La aceptación del pluralismo cultural llevó a la transformación de las bases jurídicas de los estados los cuales han trasformado en forma notable las bases de su organización política. Sea con nuevas constituciones o con procesos de reforma, los estados latinoamericanos han aceptado el pluralismo cultural y en algunos casos la re-estructuración del estado sobre bases étnicas, dando lugar a un pluralismo lingüístico, jurídico y administrativo.

Diversidad y Políticas Públicas.  Como parte del proceso anterior, pero con una dinámica propia, las diversas políticas públicas viven una constante tensión en sus antiguos objetivos unitarios y los que se derivan del pluralismo. Los responsables de las políticas son miembros de la sociedad comprometidos con la administración que viven en una permanente tensión entre los objetivos institucionales y la búsqueda de nuevas prácticas. Estas transformaciones se han observado en dos niveles: en el de la creación de nuevos aparatos administrativos que muestren la disposición de los gobiernos a integrar a sectores antes poco o nada considerados, como los ministerios o comisiones de atención a mujeres, indígenas, inmigrantes, etcétera, o bien en la reestructuración de los organismos ya existentes y de sus propios programas de trabajo para dar cabida a la rica diversidad existente: ministerios de educación abiertos ahora a la educación intercultural, debates sobre el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación, reestructuración de las actividades culturales para cubrir la más amplia diversidad; aceptación de minorías en instituciones poco dispuestas a hacerlo hasta hace poco tiempo (el caso de los homosexuales en el ejército de los estados Unidos es un caso notable); establecimiento de nuevas formas de representación política como la creación de representantes legislativos de ciudadanos que viven en el exterior y muchos otros casos. Estas políticas suponen constates debates en el interior de los aparatos que las promueven que, en muchas ocasiones llegan a la opinión pública y suscitan discusiones relevantes: ¿Puede aceptarse una lengua indígena para cumplir con el requisito académico de  manejo de segundas o terceras lenguas que normalmente se exige en las universidades? ¿Cómo gestionar las limitaciones culturales o religiosas a ciertas prácticas médicas? ¿Es aceptable que una comunidad indígena cambie totalmente el currículum escolar por no sentirse identificada culturalmente con él?

Diversidad y sociedad civil. Las políticas de diversidad intentan canalizar las exigencias de una sociedad civil plural de lograr reconocimiento a las diversas identidades se ha constituido en el principal motor de las políticas de la diferencia. Actualmente los límites de estas políticas parecen inciertos pues el impulso inicial aún es muy vigoroso. Sin embargo,  la llamada sociedad civil no es un ente homogéneo y por tanto las políticas de la diferencia defendidas en su seno pueden ser contradictorias. Muchas expresan sin duda el anhelo de autonomía frente a poderes hegemónicos, otras pueden servir para fundamentar la libertad de los mercados culturales en aras de la diversidad.

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[1] Declaración oficial ante el Parlamento Europeo de Yves Sandoz “Límites y condiciones del derecho de intervención humanitaria. Derecho de intervención y derecho internacional en el ámbito humanitario. Hacia una nueva concepción de la soberanía nacional” El autor de la ponencia era Director del Departamento de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja 25-01-1994  http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMVE

[2] Kofi A. Annan “Two concepts of sovereignty” The Economist 18 September 1999. http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/articleFull.asp?TID=33&Type=Article

La problemática del patrimonio inmaterial

Según la Convención internacional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003, “se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrán en cuenta únicamente los elementos del patrimonio cultural inmaterial que sean compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.”

Es decir la convención, al definir el Patrimonio intangible o inmaterial, considera cuatro aspectos:

a) su contenido: usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, así los instrumentos, objetos, artefactos y espacios que les son inherentes;

b) su carácter dinámico: se transmiten de generación en generación y es recreado constantemente;

c) su sentido comunitario: infunden sentimientos de identidad y continuidad a las comunidades y grupos, y

d) su sentido político: sólo pueden ser considerado patrimonio intangible o inmaterial aquellos elementos que sean compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Esta definición ha suscitado diversas reflexiones. Para algunos estudiosos contiene conceptos equívocos como el de inmaterialidad, que a su vez proviene de una concepción maniquea de la realidad y de la cultura. Lo mismo se dice de la noción de patrimonio vivo con el que se llega a identificar este patrimonio. A partir de esta crítica, el antropólogo cubano Jesús Guanche sostiene que el concepto de patrimonio inmaterial o intangible es “sencillamente un absurdo” (Guanche, 2007). Sin embrago, es muy difícil evaluar el concepto de patrimonio inmaterial a partir de su consistencia teórica. Los documentos oficiales internacionales no son documentos académicos sino tienen su origen en planteamientos políticos a veces inspirados en urgencias inmediatas. Recordemos que la política de patrimonio mundial, por ejemplo, fue una respuesta de la UNESCO a la amenaza de inundación de los monumentos de Abu Simbel. Del mismo modo, la política sobre patrimonio inmaterial se debió, en parte, al desequilibrio a favor de Europa en el catálogo de monumentos patrimonio de la humanidad.  Por ello la evaluación de este concepto debe partir igualmente de los objetivos políticos que lo inspiraron y en la problemática de su gestión, más que de la consistencia teórica del concepto. En este sentido propongo las siguientes consideraciones:

1.      Extrema amplitud de su contenido. La definición de patrimonio inmaterial, al abarcar “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, así los instrumentos, objetos, artefactos y espacios que les son inherentes” amplía de tal manera sus posibilidades que puede hacer imposible la limitación de un ámbito preciso al que circunscribirlo. Estamos avanzado rápidamente con esta definición a una cierta inoperancia dado que en la “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” podría caber cualquier expresión cultural. Esto puede conducir a una dificultad futura para limitar el acceso a la lista o bien a la tendencia a la patrimonialización de la vida cultural que pueda incitar a una parálisis. Por ejemplo, si el reconocimiento de una expresión de patrimonio cultural inmaterial supone también el espacio que le es inherente, ¿hasta dónde puede aplicarse una política urbana o barrial que afecte una fiesta o alguna otra actividad cultural? o ¿cuál puede ser el criterio para aceptar una expresión como patrimonio inmaterial y excluir otro más allá de la calidad de la presentación de la solicitud?

2.      Importante contraste con el patrimonio material: su evolución o cambio. En la definición del patrimonio inmaterial está asentada su sentido dinámico como característica principal. Esta cualidad marca una diferencia fundamental con respecto las políticas seguidas con el patrimonio material porque ahora se trata de proteger procesos más que objetos. Su sentido dinámico se ajusta mejor con la idea de la cultura que es un intercambio permanente de significados e interpretaciones, pero dificulta su gestión porque la inercia de preservar la originalidad o pureza de estas expresiones culturales puede atentar contra su naturaleza. Más aún, el mismo sentido de patrimonio inmaterial en peligro o, con más precisión, “que requiere medidas urgentes de salvaguardia”[1] contradice la idea de la evolución y constante cambio del patrimonio inmaterial. Este mismo sentido cambiante puede implicar un debate sobre la pertinencia misma de políticas de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Si la esencia de ese patrimonio es su cambio, ¿de qué protegerlo y cuál es la razón de hacerlo?

3. Su sentido universal. La valoración del patrimonio sea material o inmaterial como un bien significativo para toda la humanidad está seriamente cuestionada. ¿Por qué es universal la Gran Muralla china o la zona arqueológica de Chichén Itzá en Yucatán? A los bienes que han sido considerados como patrimonio mundial se le suponen “un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (UNESCO, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural, 1972), sin embargo, en los hechos, esa excepcionalidad condujo a una desequilibrada representación de Europa en la lista de patrimonio mundial que ha tratado de ser compensada con la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. ¿Cabe seguir asignando la marca de patrimonio de la Humanidad a toda pieza estimada por una comunidad o un  grupo humano? Y si no es así, ¿por qué seguir con la política reconocimiento a bienes inmateriales o intangibles por parte de un organismo internacional como la UNESCO?

4. Llamar patrimonio a este tipo de expresiones marca una continuidad con la política general de patrimonio que puede implicar dificultades para la gestión del mismo. La lógica preservacionista del patrimonio inmaterial no tiene sentido al hablar de este otro patrimonio. Más que su preservación, lo que requiere es registro, documentación y garantía de que su constante recreación sea posible.

5. El sentido más apreciado del patrimonio inmaterial es el fortalecimiento de las identidades locales. Este factor anuda todos los programas de gestión, reconocimiento y valoración del patrimonio pues sin él el patrimonio inmaterial carece de sentido. Al mismo tiempo genera problemas de gestión: si la esencia del patrimonio inmaterial es el fortalecimiento de la identidad y reconocimiento de un grupo ¿no es la política nacional o internacional sobre el patrimonio inmaterial una intromisión negativa en la dinámica de fortalecimiento y autonomía de las comunidades locales?[2] Los debates que se han realizado sobre el patrimonio mundial en el sentido de que los organismos internacionales han supuesto una intrusión que afecta negativamente la gestión local del patrimonio material podrían aplicarse al patrimonio intangible. Otorgar reconocimiento a cualquier pieza o expresión cultural en tiempos de globalización es incitar a su comercialización, a la sobrecarga de visitantes o a su conversión en espectáculo que pueden afectar la realización o autenticidad de una expresión cultural. Una fiesta tradicional sometida a la afluencia exagerada de visitantes o la intervención de los medios o de  puede cambiar su sentido vulgarizante, folclorizándose o incorporando elementos que la hagan más espectacular y “atractiva”. La opinión muy común que opone el carnal de Salvador de Bahía al de Río de Janeiro, con frecuencia se construye entre los auténtico y lo espectacular, lo genuino y lo manipulado por intereses no comunitarios. El debate consiste en si la intervención, así sea sólo para promover el reconocimiento de una expresión cultural como patrimonio inmaterial implica la gestión de las expresiones culturales por organismos externos a una comunidad de tipo regional, nacional o internacional y, por tanto, constituye una ruptura con los “titulares” del patrimonio.

6. La UNESCO propone un límite político al patrimonio que es su compatibilidad “con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”. Éste límite es claro y evita considerar valiosas prácticas que atenten contra la salud, la dignidad, la igualdad o la vida de las personas. Sin embargo en la práctica han surgido otras limitaciones políticas al reconocimiento de expresiones culturales inmateriales. Las naciones han asumido el discurso de la universalidad al interior de las sociedades que las constituyen, pero ¿qué pasa cuando una expresión identitaria no coincide con la visión de las autoridades nacionales? El manejo de lenguas no legitimadas (El sueño americano se sueña en inglés, comento Samuel Huntington preocupado por el crecimiento de las comunidades hispanas en los Estados Unidos)[3] o prácticas gastronómicas, arquitectónicas o religiosas de comunidades inmigrantes se enfrentan en los hechos a ser privadas de reconocimiento por los poderes políticos nacionales representando en la práctica un desafío cultural.[4] 

7. El patrimonio inmaterial supone una reestructuración de los recursos técnicos: ¿Cuál es el papel de los profesionales el patrimonio inmaterial? ¿Cabe un comité internacional compuesto por especialistas o deben incorporarse representaciones de los grupos comunitarios que cuentan con la sensibilidad para apreciar el sentido identitario de una expresión de patrimonio inmaterial? ¿Cómo mantener la autonomía de un grupo en la gestión de su propio patrimonio? ¿Cuál es el papel de los media y los gobiernos en la puesta en valor de este patrimonio? ¿Cuál es la mejor forma de documentar ese patrimonio de modo que su forma no prive sobre su contexto histórico y su dinámica de cambio?

Al señalar estas observaciones sobre la definición, el contenido y la gestión del patrimonio inmaterial pretendo aclarar algunos de sus problemas operativos sin dejar de reconocer que el éxito en la aceptación desarrollo y gestión de este patrimonio radica en la implicación que han encontrado las comunidades y grupos humanos para fortalecer su identidad y su diferenciación externa. Es la política lo que le da razón de ser a este patrimonio y es en la política donde hay que encontrar solución a sus problemas de gestión, los cuales suponen una mayor precisión en las diferentes misiones de los agentes que intervienen en su gestión.

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[1] En la página de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial están en esta lista las siguientes expresiones, todas ellas de China: El canto ojkanje, la imprenta china de caracteres amovibles de madera, elmeshrep y la técnica de fabricación de compartimientos estancos de los juncos chinos. Ver: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011

[2] Al respecto Peter Nas formula preguntas inquietantes sobre el sentido de la lista mundial de Obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la UNESCO: “¿Por qué deberían ser estos fenómenos culturales preservados y revitalizados? ¿Pueden la cultura y el folclor ser preservados? ¿Deberían ser preservados? ¿No conduciría la preservación a la fosilización y alienación de sus fuentes de vida sociocultural o revitalizaría la cultura y fomentaría la invención de la tradición? ¿Qué le ocurre a la cultura y al folclor cuando se politizan a través de los programas de protección gubernamentales e internacionales? ¿No es la tradición siempre sujeto de cambio así sea para inventarse, desarrollarse, declinar o deteriorase?” (2002: 139).

[3] “No existe tal sueño americano (“Americano” dream). sólo hay un único sueño americano (American dream), creado por una sociedad angloprotestante. Los mexicanoamericanos compartirán ese sueño y esa sociedad si lo si sueñan en inglés” (Huntington, 2004: 20, tomado del libro Quiénes somos, cap. 9,Barcelona, Paidós, 2004).

[4] La historia está llena de desafíos culturales de esta naturaleza como lo fue el swing o el jazz en la Alemania nazi o la Unión Soviética. En México y muchos países de América Latina, el uso que algunos grupos hacen de la celebración de día de muertos para contrarrestar la influencia cultural norteamericana focalizada en el Halloween –una expresión cultural de origen celta muy antigua ahora caída en la deriva de la comercialización y películas de terror- podría ser otra expresión de estas contradicciones.