Pensar iberoamerica/Número 7 - septiembre - diciembre 2004
Malestar en la cultura. Conflictos en la política cultural mexicana reciente (1)
En este trabajo reflexionaré sobre los conflictos recientes en materia de política cultural, para tratar de ir más allá de esto. Se alimenta de las últimas reflexiones sobre la política cultural en Iberoamérica, para proponer otros temas ausentes en los debates de lo últimos años. La idea básica es que si la cultura ha de ser un sustento del desarrollo debemos incluirla como base de la gobernabilidad, lo que supone ir más allá de la política y el mercado.
¿Qué se mueve en el campo de las políticas culturales en América Latina?
Para José Texeira Coelho ha habido un desplazamiento en la discusión de las políticas culturales en el mundo -y desde luego en Latinoamérica-. Se ha pasado de la preocupación por el contenido, al cuidado de la forma en que se toman las decisiones en esta materia: «O ponto central é o siguinte: as políticas culturais pós-modernas, ou adaptadas á cultura da pós-modernidade, sao ou serao esencialmente formalistas, em contraste con as políticas culturais da modernidade que foram, todas, conteudísticas»(2). El giro es saludable por cuanto los estados han abandonado su intromisión en la orientación de la actividad artística y la cultura popular, y ahora ponen su interés en establecer mecanismos democráticos para tomar decisiones en materia cultural. Sin embargo esta no es la única política cultural posible. Si bien en verdad es un alivio el abandono de la intervención en la actividad creadora, la política cultural no se reduce a un plácido campo de decisiones a manos de los diversos agentes sociales, pues aquellas suponen valores y estrategias que hacen imprescindible la intervención pública en la cultura.
Varios trabajos recientes permiten ir rearmando poco a poco el rompecabezas de la política cultural en América Latina. Destaco, en primer lugar, el texto coordinado por Néstor García Canclini, Iberoamérica 2002. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural(3), que es uno de los análisis más amplios realizados desde un ámbito no gubernamental sobre el estado y el futuro de la cultura en Iberoamérica.
García Canclini reflexiona sobre la búsqueda de un lugar en este siglo por parte de los latinoamericanos. En su obra se puede ser pesimista por la falta de contemplaciones con que mira al desaliento y al deseo de fuga de los latinoamericanos de este entorno sociocultural, pero que al mismo tiempo pone en relieve la discusión sobre la importancia de la cultura para forjarnos un espacio en un mundo ahora globalizado.
De la discusión actual sobre la cultura destaco, por otra parte, dos ejes fundamentales promovidos por la unesco y la oei desde hace varias décadas. Ellos son: el respeto a las culturas nacionales, lo que internamente se ha traducido en el respeto a la pluralidad o diversidad cultural; y la idea, a la que no se le ha dado la importancia suficiente, de que la cultura debe ser un soporte imprescindible del desarrollo.
Estos dos principios de intervención cultural conducen a que todo el entramado institucional de la política cultural en cada país deba tener como hilo conductor dos orientaciones básicas: la cultura como derecho y cultura como desarrollo(4).
Muestra de lo generalizadas que están estas orientaciones en la discusión iberoamericana son las propuestas de Germán Rey, quien con más precisión señaló en un documento de trabajo para las reuniones de ministros de Cultura iberoamericanos, tres grandes líneas de trabajo:
- la promoción de la diversidad cultural;
- las relaciones entre cultura y equidad;
- la importancia de la cultura para los procesos de desarrollo económico y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Cada uno de estos problemas supone una agenda de intervención pública que el mismo Germán Rey desglosa en diversos retos(5).
El último elemento que deseo tomar en cuenta en esta exposición es la globalización. En la reflexión sobre este problema, nos encontramos en una etapa que algunos llaman de «segunda generación». La primera respondió al huracán provocado por el cambio mundial en las relaciones sociales y económicas tras la Guerra Fría. El nuevo capitalismo, cuyas condiciones se habían delineado en los años anteriores, se expresó en los años 90 con acuerdos internacionales de libre comercio y un poder sin igual de las corporaciones, muchas de ellas, conducidas de manera corrupta. Pero la etapa actual de la discusión sobre la globalización pone el acento en las resistencias a ese proyecto, la imposible homogeneización, la adaptación de las tendencias mundiales a las condiciones locales, la búsqueda de convivencia de las culturas locales con la economía global...
Esta perspectiva ha obligado a mirar con cuidado los anatemas a la globalización, como lo hace, por ejemplo, Daniel Mato quien con un poco de hartazgo titula un texto sobre este tema «Desfetichizar la globalización. Basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones; mostrar la complejidad y las prácticas de los actores»(6). Otra actitud es el desconcierto político, sobre todo de las corrientes de izquierda, que pueden compartir el carácter festivo de las protestas antiglobalización, pero no renuncian a elaborar políticas realistas que convivan con ella(7). El entorno globalizador es el marco sobre el cual se diseñan las políticas actuales en todos los campos y esto ha hecho que se desdibujen las opciones partidarias, porque el simple rechazo al capitalismo global no contribuye a diseñar una política.
¿Qué pasa en las políticas culturales en México?
El cambio de régimen político en México no ha traído consigo cambios notables en la conducción de la política cultural. El instrumento que podría hacer visible orientaciones nuevas en las políticas públicas de la cultura, el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, lo confirma. En líneas generales, los criterios básicos que rigen el trabajo cultural en el sexenio continúan los lineamientos de los dos programas sexenales anteriores, si bien hay un mayor énfasis en la descentralización y en la priorización de la lectura como eje principal de este sexenio.
Pero los programas no son el único indicador del sentido de la política cultural. En general, los programas de cultura se basan en acuerdos a largo plazo que difícilmente cambian de un momento a otro. El pluralismo cultural; la libertad de creación; la participación de la sociedad; el estímulo a la creación artística; la descentralización y otros conceptos más, son grandes puntos de confluencia que prácticamente ningún gobierno podría eludir. Sin embargo también hay, por otra parte, modos de gestión menos relevantes donde sí hay cambios, a veces de manera poco perceptible; pero que ocasionan roces, inconformidades y franco conflicto entre los agentes sociales interesados en la política cultural. La suma de estos cambios o transformaciones contribuyen a crear un ambiente cultural de ruptura y podría caracterizar una época nueva en la gestión de la cultura. Los cambios pueden manifestarse simplemente en el predominio de una oficina o un agente cultural nuevo, la forma como se estimulan o entorpecen las actividades de los creadores o la relación con nuevos agentes sociales.
A principio del año 2003 se dio en México una discusión reveladora sobre la incursión de nuevos agentes culturales. El antiguo Palacio del Arzobispado de la arquidiócesis de México es un monumento patrimonial, al mismo tiempo que constituye una propiedad de la nación, como todos los edificios de culto religioso. Ese año, la mitra metropolitana sorprendió a la opinión pública al solicitar dicho inmueble para habilitar un museo religioso; al parecer, en un inicio, hubo una respuesta favorable a tal pretensión. No se trataba en realidad de un cambio legislativo o de una definición nueva de la política de patrimonio, pero la pretensión de la jerarquía católica metropolitana de hacerse con un edificio para erigir un museo y las avanzadas pláticas al respecto por parte de la secretaría de Hacienda, cuando la nación mexicana procede de una larga tradición laicista, son señal de que algo está cambiando en la política cultural.
Conflictos culturales y nuevos liderazgos
Voy a detenerme en algunos conflictos culturales que ha vivido la sociedad mexicana en época reciente para tratar de observar algunas tendencias. No me podré detener en el análisis, pero confío en que el tema sea reconocible por los lectores.
1. El gran tema del pluralismo
Este primer gran conflicto rebasa a las autoridades culturales del país. No tiene que ver con los derechos culturales en general, entendidos como la reglamentación de los servicios culturales o la vigilancia de ciertos derechos individuales como la propiedad intelectual y los derechos de autor, sino con lo que Rodolfo Stavenhagen, actual Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ha llamado el «Derecho a la Cultura Propia». Tras casi 10 años del levantamiento zapatista y una profusa discusión con numerosos agentes sociales indígenas, intelectuales, juristas y políticos; no ha habido, a satisfacción de los indígenas y sus representantes, una adecuada atención a su demanda de reconocimiento pleno a los pueblos indios.
El zapatismo, por otra parte, ha logrado ampliar su base social, al menos desde el punto de vista cultural más que político. Los modos de actuar de los zapatistas, sus símbolos más reconocibles y sus visiones del mundo indígena, se han difundido más ampliamente en los círculos culturales que en los políticos. Es sorprendente por ejemplo, como jóvenes iberoamericanos manifiestan sus simpatías zapatistas con gran facilidad en sus modos de vestir y de consumir música o literatura, más que en sus prácticas políticas. En el caso mexicano, la alianza entre el movimiento musical del rock y el zapatismo es innegable, al grado de que en la actualidad parece políticamente incorrecto que un concierto de rock no haga referencia al movimiento zapatista.
Este ambiente político-cultural ha desarrollado la presencia de nuevos agentes culturales que se mueven en lo que podría llamarse «comunitarismo». Una propuesta de trabajo político-cultural que hace de las comunidades rurales e indígenas el asiento privilegiado del desarrollo. Se define a partir de ciertos rasgos sociales y culturales, como la relación mítica con la tierra, la defensa de la propiedad comunal, el favoritismo hacia la prestación de trabajo comunitario y las formas de decisión colectivas. A nivel político, su característica más relevante es la reivindicación de la autonomía y la búsqueda de relaciones horizontales con las instituciones públicas y privadas.
No es fácil evaluar las implicaciones políticas de este movimiento, pero sí se debe reconocer su impacto cultural. Ha dado origen a un nuevo tipo de promotor cultural que, como en otros tiempos, se caracteriza por su estrecha vinculación con la comunidad pero ha dejado de sostener relaciones de subordinación y verticalidad con las agencias del Estado. Por el contrario, se mueve más fácilmente en el mundo de las fundaciones internacionales y se ha capacitado técnicamente en aspectos económicos, jurídicos, informáticos y ambientalistas, principalmente.
Hay que destacar al menos tres efectos de este panorama:
- El incremento, con sus potencialidades y peligros, de las reivindicaciones comunitarias y comunitaristas en la política mexicana y, específicamente, en el campo cultural.
- La importancia del trabajo que, por largos años, ha conducido el aparato cultural del Estado en la formación de agentes culturales comunitarios. No solo se ha tratado de capacitación, sino también de un conciente proceso de dotación de prestigio a través de la constitución de fondos para el apoyo de las culturas comunitarias y municipales.
- La constitución de nuevos campos de intervención cultural: el surgimiento del patrimonio intangible como el espacio privilegiado de la política de reivindicación de la diversidad y del pluralismo cultural.
2. La política fiscal y el sector empresarial
Estos temas se han convertido en un espectáculo recurrente cada año; al presentarse las leyes de ingresos y egresos del gobierno federal, hacen que se produzcan desagradables sorpresas para el sector cultural.
En las últimas horas de 2001 y 2002, la Cámara de Diputados aprobó reformas impositivas que tomaron por sorpresa a las autoridades culturales. El día 30 de diciembre de 2001 la Cámara modificó la fracción 28 del artículo 109 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, disponiendo que la exención total por concepto de derechos de autor que los escritores gozaban antes, ahora se limitara solo a los que ganaran menos de 28. 400 pesos anuales. Esta nueva norma se aplicaría a los escritores únicamente; pues otros creadores como artistas plásticos, fotógrafos, guionistas, caricaturistas y coreógrafos, curiosamente continuarían beneficiándose de la exención total de impuestos. En 2003 la novedad recayó en el libro, pues de estar exento se le gravó con 10% de impuesto al valor agregado. Al mismo tiempo, se pretendió «desincorporar» del gobierno federal cinco instituciones culturales (Instituto Mexicano de Cinematografía; Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.; Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Educal, S.A. de C.V. y Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías).
La reiterada respuesta del conaculta se ha expresado en la sorpresa por la medida, a la vez que ha manifestado apoyo a los sectores afectados y ánimo de revertir la situación; pero ello no impidió reconocer que la institución fue superada por los acontecimientos e ignorada por el gabinete presidencial o, al menos, por el gabinete económico.
Por otro lado, la política gubernamental pretendió avanzar en la renuncia de la acción cultural pública a favor de los sectores empresariales. Dos ejemplos pueden servir para ilustrar esta idea:
El más trascendente es el cambio de régimen fiscal de los concesionarios de radio y televisión. Se trató de una modificación del Reglamento de la Radio y la Televisión de 1973. El 11 de octubre de 2002, Vicente Fox anunció la supresión del pago de impuesto de los concesionarios de radio y televisión que consistía en la cesión del 12,5% de sus tiempos de transmisión al Estado. Con la medida anunciada, las 3,5 horas diarias fiscales quedarían en 18 minutos al día para las televisoras y 35 minutos para las radiodifusoras, es decir, el 4,5%.
Las televisoras Televisa y tv Azteca celebraron la modificación del reglamento de Radio y Televisión, como en general lo hicieron los concesionarios de estos medios a través de la cámara respectiva (cirt(8). Para el presidente de esta última, Bernardo Gómez, la Ley Federal de Radio y Televisión así como el reglamento hasta entonces vigente, respondían a otra etapa histórica del país, marcada por un Estado paternalista.
El otro ejemplo de concesión a la iniciativa privada fue la forma en la que el gobierno gestionó la formación de bibliotecas de aula para el programa Hacia un País de Lectores, dado a conocer en mayo de 2002 y basado en el siguiente supuesto «todos y cada uno de los municipios del país contarán, al menos, con una biblioteca pública».
Para llevar a cabo este objetivo, el gobierno federal decidió invertir, en los próximos cuatro años, cerca de 4 mil millones de pesos. En dicha inversión participará la Secretaría de la Educación Pública (sep), con 3 mil millones de pesos, así como la empresa Microsoft México que, con tono triunfalista, el gobierno anunció que se comprometerá a donar programas de software educativo y 285 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Ahora bien, una de las acciones a realizar por este programa será la creación de nuevas bibliotecas municipales y la rehabilitación y modernización de las ya existentes. Para esto se adquirirán computadoras y soporte técnico, y se capacitará al personal responsable. La medida supone también el impulso a la industria editorial; la creación de salas de lectura; el fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos de las escuelas de educación básica; la promoción y difusión de la lectura con la participación de las empresas de comunicación; así como la evaluación y el seguimiento de estudios cualitativos sobre hábitos de lectura en México.
Estos conflictos revelan varias novedades en el panorama cultural mexicano:
- El bajo perfil de las autoridades culturales. Este factor puede deberse a la poca importancia atribuida al Partido Acción Nacional (pan), hacia la política cultural mexicana; a diferencia del Partido Revolucionario Institucional (pri), que hizo de la cultura un instrumento de legitimidad muy bien empleado.
- La supeditación de las políticas públicas a la política fiscal. La incongruencia de las medidas con los objetivos de los programas culturales difundidos, sumado a la falta de firmeza de las políticas públicas en torno a los objetivos sectoriales, hará imposible que en cultura, o en cualquier otro campo, se logre la mínima consistencia en las acciones.
- El desconocimiento de la naturaleza de los programas que el gobierno desea desincorporar. Fonart(9) no es una tienda de artesanías ni Educal(10) es una cadena de librerías.
- La pretensión de realizar una política cultural basada en la ausencia de política cultural. Para el sector público mexicano, la cultura ha perdido importancia estratégica.
- La importancia de la legislación cultural en la organización de la cultura.
El conflicto permanente ha transformado el marco de estos actores del Estado:
- el gobierno federal, al menos un sector de él, pretende vaciar la cultura de sentido público y permitir que otros agentes privados asuman ese espacio. Este proceso se combina con un paulatino ascenso del organismo de derecha como interlocutor del Estado.
- El aparato cultural del Estado ha perdido capacidad de interlocución. Ante el vacío dejado por el organismo central de cultura se ha incrementado el interés de otros sectores estatales por participar en la arena política. Es el caso de los institutos estatales de Cultura y del Congreso de la Unión que están asumiendo un nuevo protagonismo.
- Surge una nueva agenda pública que se escapa a los organismos del Estado, donde el marco legal de la cultura y la descentralización de las instituciones ocupan un lugar privilegiado.
- Se incrementa la importancia de las aportaciones estatales y municipales a los presupuestos de cultura.
Pese a estos cambios en el modo de gestión de la política cultural, hay un rasgo de notable supervivencia que era muy común en el antiguo régimen priísta: la discrecionalidad.
3. Supervivencia y cerco de la discrecionalidad cultural
El caso en el que más se ha manifestado la personalísima voluntad presidencial ha sido la decisión de erigir una nueva biblioteca nacional, a pesar de la corriente adversa de numerosos sectores e intelectuales. El anuncio fue parte del ya mencionado programa Hacia un país de lectores. La mega biblioteca era considerada la iniciativa cultural más destacada del sexenio; se esperaba «un paradigma de biblioteca pública que incorpore los avances arquitectónicos, tecnológicos y bibliotecarios» para «modernizar la infraestructura cultural del país».
La inversión aproximada para la realización del proyecto era de 60 millones de dólares en la edificación del inmueble. El concurso arquitectónico concluyó a favor a un equipo de arquitectos mexicanos. La obra se iniciaría en 2004.
Las reacciones al proyecto son muy variadas, como suele suceder en proyectos de esa naturaleza, pero destacó la crítica a la decisión gubernamental de emprender proyecto de esas dimensiones sin que se realizara una consulta de por medio.
La falta de respaldo a una obra de tan considerable presupuesto como la que se ha descrito, aumentó por el ingreso al debate de la esposa del presidente, Martha Sahagún. La primera dama pretendió mover el apoyo hacia su marido declarando que la creación de la mega biblioteca sería el «eje focal» del Programa Nacional de Cultura dado a conocer en agosto del 2001. Su defensa, lejos de promover una visión favorable al proyecto, se convirtió en un argumento más sobre la discrecionalidad de la medida.
4. Las discordias del patrimonio
Como este último «malestar» en la política cultural se pueden sumar varios otros que tienen como eje la política de patrimonio. En realidad esto no es nuevo en el país, pues este campo ha sido el eje principal de la política cultural en México desde hace años. Sí es nuevo, en cambio, el que a las protestas de intelectuales y especialistas se sumen ahora las de sectores organizados de la sociedad civil. Dos casos ilustran el nuevo papel movilizador del patrimonio.
El más relevante, por sus consecuencias en la organización de la sociedad, es el contencioso sobre la construcción de un centro comercial en donde estuvo el Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca. En ese lugar se pintaron varios murales de diferentes artistas mexicanos por lo que era considerado, por algunos sectores ciudadanos, como de gran valor patrimonial. A lo largo de los muchos meses que duró el conflicto han intervenido una gran variedad de agentes y, sobre todo, se ha experimentado una de las primeras movilizaciones sociales mexicanas en defensa del patrimonio de alcance internacional.
El conflicto se ha caracterizado por varios factores:
- La falta de disposición negociadora de los agentes involucrados, principalmente del gobierno estatal y de la empresa compradora;
- la vulneración de diversos ordenamientos legales y la persecución penal de los opositores;
- la reivindicación de un lugar patrimonial para el disfrute colectivo;
- el alcance internacional de las movilizaciones al grado de llegar a la misma sociedad de accionistas de la empresa trasnacional propietaria del proyecto.
La otra experiencia social en defensa del patrimonio fue el rechazo encabezado por el pintor Francisco Toledo a la instalación de un restaurante McDonald’s en los portales del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. Apremiados por el artista oaxaqueño se unieron a esta postura sectores de la sociedad civil, así como algunos creadores e intelectuales. A partir de esto tuvo lugar un período de movilizaciones novedosas a favor de la cancelación del permiso de instalación. Una de las protestas consistió, por ejemplo, en una «tamaliza» en plena Plaza Mayor de la capital oaxaqueña, con el fin de demostrar que los oaxaqueños preferían los tamales y la comida típica del Estado a las hamburguesas de McDonald’s. «No al Maczócalo», «no queremos los MacDólares» eran algunas de las leyendas escritas en los carteles con los que tapizaron las puertas del inmueble que ocuparía el negocio.
El mismo Toledo envió, a fines del mes de octubre de 2002, una carta dirigida a los directivos de McDonald's Corporation, en Oak Brook, Illinois, para que desistieran de establecer una sucursal más en el centro histórico de Oaxaca y optaran por instalarlo en cualquier otro lugar. Sin embargo, el representante de McDonald’s Sistemas de México, Erick Fragoso, aseguró que la sucursal de la empresa norteamericana sí se establecería en los portales de Oaxaca.
En tanto, días después, el presidente de la Legislatura local, Juan Díaz Pimentel, entregó a Toledo un borrador de la iniciativa de Ley de Protección al Patrimonio Cultural del Estado para que el Patronato Pro-Oax(11) lo analizara e hiciera algunas propuestas. Se señaló que el propósito de crear dicha ley era regular el uso del suelo en el centro histórico de Oaxaca y evitar el establecimiento de «comercios que atenten contra el Patrimonio Cultural de la Humanidad», como es el caso de McDonald’s.
Ante la presión política el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, en conjunto con el Pro-Oax, se inició una serie de foros ciudadanos en el mes de octubre para conocer el punto de vista de la ciudadanía y de especialistas en torno a las ventajas o desventajas que implica abrir una sucursal de McDonald’s en el centro histórico de Oaxaca, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco.
Esta resultó ser una de las primeras movilizaciones a favor del patrimonio intangible de una región del país, como es el caso de la tradición gastronómica oaxaqueña.
5. ¿Y los tribunales?
Uno de los aspectos más sorprendentes del curso que siguen los conflictos culturales en México es el privilegio de la vía política „Ÿagitación de la opinión pública incluida„Ÿ sobre la vía jurídica. Los tribunales parecen no estar incluidos en la ruta de la oposición a la política cultural, y los conflictos culturales aparecen como confrontaciones ideológicas más que como violaciones o interpretaciones legales en conflicto. Puede ser una caracterización exagerada, dado que hay aspectos jurídicos que se han tomado en consideración en varios de los conflictos reseñados; pero parece que no se han seguido con decisión, ni la prensa se ha preocupado demasiado de mantenerlos vigentes en el interés público.
Por ejemplo, en el caso de las modificaciones a la Ley sobre la Renta que afectó a los escritores, los especialistas Angelina Cué, Ramón Obón y Manuel Guerra, afirmaron que quienes determinaron la modificación de la ley de isr dejaron de lado la Ley de Derechos de Autor, y con ello crearon una ley confusa e inequitativa, al aplicarla solo a compositores y creadores de obra editada en papel y no a dramaturgos, autores de programas de cómputo y demás. Este último elemento, señalaron, podía dar pie a que los creadores afectados entablaran demandas por «anticonstitucionalidad», con base en la violación de los principios de «igualdad, proporcionalidad y equidad». Sin embargo, este recurso no fue explorado o, al menos, no se lo consideró principal para revertir la medida.
Víctor Hugo Rascón Banda, presidente de la Sogem(12), consideró la presión y el acuerdo con legisladores el principal medio para solucionar este problema, pero incluso esto no impedía la movilización política: «llegaremos a las calles, a las protestas y, como dijo Guadalupe Loaeza, iremos incluso a desnudarnos frente a los legisladores».
También la aplicación del iva a las revistas provocó reflexiones en un sentido semejante. Los editores consideraron posible el amparo contra la medida porque, según ellos, existía inequidad y anticonstitucionalidad, dado que no se puede gravar con tasas diferentes a publicaciones similares. Sin embargo, la vía de arreglo privilegiada fue la presión sobre las fracciones legislativas opuestas al pan. Igual que el impuesto sobre la renta a los escritores, el iva a las revistas fue considerado «anticonstitucional» y por lo tanto, motivo de controversia legal. Esta vez fueron legisladores priístas y perredistas los que anunciaron el recurso.
En ocasiones, la vía judicial se vio acompañada de exabruptos y protagonismos personales que no concitaron amplia simpatía, como la amenaza de Felipe Ignacio Echenique, investigador del inah(13), de demandar a los organizadores del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec o la denuncia penal de Jorge Serrano Limón, dirigente del Comité Nacional Pro Vida, contra Santiago Creel, Sari Bermúdez y Alfredo Ripstein por haber filmado, apoyado y autorizado la proyección de la película «El Crimen del Padre Amaro». Sin embargo, estas experiencias pueden contribuir a abrir el camino prácticamente inexplorado de la vía judicial para enfrentar conflictos culturales.
Desde luego que no basta la voluntad para comprometer al poder judicial en la solución de conflictos culturales. Actualmente, el sistema legal mexicano presenta notables lagunas en los temas culturales que estamos tratando.
Esta afirmación puede resultar paradójica puesto que «el marco jurídico del Subsector Cultura en México reviste, aún hoy, una gran complejidad. La acción de los organismos que coordina el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes está regida por un conjunto de nueve leyes, cinco reglamentos, 28 decretos y 21 acuerdos, alrededor de otras 300 disposiciones que contienen referencias sobre el arte o la cultura. A esto se debe añadir que el propio Consejo fue creado por decreto presidencial»(14). Sin embargo, la legislación no ilumina el papel de la cultura en el desarrollo; la forma de armonizar a los conflictos públicos y privados en el campo de la cultura; el desarrollo estratégico de los medios de comunicación en la globalización; la protección de los creadores y artistas; los deberes y los derechos de los gestores culturales, y muchos otros puntos(15).
En una palabra, nuestra legislación es antigua, consagra el derecho a la cultura y el relevante papel del Estado en ese campo; pero da muy poco espacio para atender la participación de la sociedad en la misma, la convivencia con el mercado, el impulso al desarrollo. Desde esa perspectiva, la «gobernancia» en materia de cultura está poco favorecida por el actual marco jurídico. Volvamos al caso del McDonald’s en Oaxaca.
Desde luego que tiene sentido la defensa de la gastronomía local frente a invasiones extranjerizantes. Pero el modo en que se desarrolló el movimiento, arroja dudas sobre la mejor manera de enfrentar casos semejantes. La primera manifestación de rechazo al restaurante de la cadena norteamericana se inició con un desplegado nacional firmado por varios intelectuales, que denunciaron a la empresa por los malos tratos a los trabajadores emigrantes en Estados Unidos, la mala calidad de la comida y la destrucción de bosques para convertirlos en pastizales para ganado; dado que los argumentos eran insostenibles para fincar la expulsión del McDonald’s del centro histórico de la ciudad, la lucha se decantó inteligentemente por la defensa del patrimonio intangible.
En diciembre de 2001, el Ayuntamiento de la ciudad resolvió retirar la autorización para que se estableciera el restaurante, pero la solución ha sido tomada paso a paso por presiones políticas, sin que se resuelva el problema de cómo normar el desarrollo de la zona central de la ciudad en términos de defensa del patrimonio. Sobre todo ha quedado una laguna en cuanto al modo en que los diversos agentes que trabajan en el área han de intervenir en el futuro.
Antes de concluir, cabe mencionar que varios conflictos jurídicos, principalmente de empresas de medios tanto de televisión como de radio, han tenido que ser ventilados en tribunales extranjeros, posiblemente por la desconfianza o inexperiencia de la justicia mexicana para enfrentar esos litigios.
Ausencias y proyectos de futuro
El marco de nuestros conflictos culturales refleja en gran medida el estado actual de nuestro aparato cultural y la forma como se relaciona con la sociedad. Al preguntarnos sobre lo que no es motivo de conflicto podemos imaginar qué caminos posibles conviene explorar y si el modo de discutir la política cultural en México debe renovarse. Mencionaré rápidamente algunos temas ausentes.
La discusión sobre los modelos de política cultural parece ser muy pobre. En algún momento, con el triunfo del Partido de las Revolución Democrática en el Distrito Federal, se abrigó la ilusión de una política cultural de izquierda. No coincido en la pertinencia de esta noción, pero al menos considero saludable la discusión. El que hubiera en el seno de la opinión pública mayor debate sobre los intereses privados, la forma en que los concesionarios de los medios masivos de comunicación hacen lobby o, simplemente, el interés por desarrollar un cierto mercado cultural, sería de gran salud para la discusión sobre la política pública de cultura.
Tampoco existe buen conocimiento del poder de la cultura para promover el desarrollo y por tanto, es difícil reivindicarlo ante la sociedad. En lo que toca al conocimiento del modo en que la sociedad se acerca a la cultura seguimos contando solo con los estudios del diario Reforma, pues el inegi(16) se reduce a difundir datos institucionales (nunca se ha propuesto realizar estudios de campo) y las cámaras empresariales guardan a cal y canto su propia información. No será posible avanzar a un nuevo escenario cultural con tal ceguera.
Pese a las buenas intenciones de las actuales autoridades culturales por intervenir en la industria cultural, realmente no hay debate público o social sobre la gestión de los medios controlados por el Estado. Pocas voces, por ejemplo, se levantaron para cuestionar o apoyar la política del Estado hacia la producción audiovisual (como por ejemplo, cuando saltó el caso de la película «El crimen del Padre Amaro»). Esto fue más notable porque el gobierno del Estado de Veracruz e Imcine(17) patrocinaron en mínima parte la película. La televisión pública o el imer(18) parecen no ser tema de controversia. Tampoco hay demandas por ampliar la participación del Estado en los medios de comunicación, o bien, por desarrollar una radio o televisión comunitaria como parte de la defensa de las culturas populares e indígenas, lenguas incluidas.
La política cultural en el exterior es errática o inexistente. El ex canciller Jorge Castañeda impulsó una actuación cultural en el extranjero a través del Instituto de México y de un gran número de artistas e intelectuales contratados personalmente por él como agregados culturales o cónsules. Con el cambio en la secretaria de Relaciones Exteriores, todo el esfuerzo realizado en esa materia parece derrumbarse.
Por último, la relación economía y cultura es difusa y se ve limitada por el esfuerzo por sacralizar la vida cultural alejándola del mercado.
Lo que hace falta en la discusión sobre la política cultural en México es el reconocimiento de su papel, no solo en el desarrollo, sino en la gobernabilidad. Del mismo modo que la gestión de la economía, la sociedad y el medio ambiente, la cultura es el «cuarto pilar» de la gobernabilidad en las sociedades democráticas(19). Precisamente, por el impacto general de la cultura en la vida social, su tratamiento en la actualidad va más allá de la política y el mercado.
La política cultural basada en juicios estéticos pasó a depender de juicios políticos y ahora económicos. Sin embargo este no es el porvenir de la cultura. Solo fortaleciendo el compromiso entre cultura y sociedad, podremos pensar en una política cultural que tenga futuro.
Notas
Profesor del departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México desde 1981. Doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Se ha especializado en estudios de cultura urbana, movimientos sociales y políticas culturales. Desde 1989 colabora con el equipo de cultura urbana dirigido por Néstor García Canclini, con quien ha reflexionado sobre distintos aspectos culturales. Destacan algunos estudios sobre la influencia de los proyectos multinacionales de integración económica y comercial en el campo de la cultura y sobre la nueva configuración de las culturas urbanas en mega ciudades como México, en un contexto de transformación acelerada de los modos de producción y consumo cultural. Es autor de varias publicaciones, entre ellas “Culturas Urbanas y Movimientos Sociales” (México, cnca/uam, 1998). Actualmente prepara otro texto sobre la periferia de la ciudad de México.
(1) E. Nivón (2003): ponencia presentada en el III Campus Euroamericano de Cooperación Cultural, mesa: «Nuevos liderazgos culturales; sectores emergentes y sociedad civil», Sevilla, 1-5 de diciembre.
(2) «Especialización en políticas culturales y gestión cultural», en Cultura y Sociedad en Iberoamérica.
(3) N. García Canclini (coord.) (2002), Iberoamérica 2002. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural, Madrid, OEI- Santillana.
(4) Sánchez Natalia y Emilia Bermúdez (año): Actores culturales globales y políticas culturales Innovatec-Innovarium Inteligencia del Entorno C. A.
(5) Germán Rey (2003): «Diversidad cultural, desarrollo y equidad. Modos de ser, maneras de soñar: Retos para una agenda de políticas públicas de las Américas, especializada en Cultura»,consulta realizada el 29 de mayo, material disponible en
http://www.mincultura.gov.co/despachoMinistro/diversidadculturalespanol.doc
(6) Daniel Mato (2000): II Reunión del grupo de trabajo de CLACSO sobre cultura y transformaciones sociales en tiempo de Globalización, Caracas.
(7) Alvaro Delgado-Gal publica con frecuencia textos de enfoque neoliberal en materia de cultura, que obligan al menos a tomar en cuenta la importancia del mercado en la organización del campo. Pueden verse «La izquierda y el silogismo carnudo» disponible en
http://www.esi2.us.es/~mbilbao/pdffiles/delgado.pdf y «¿Necesitamos una política cultural?», publicado en el
El País , el 31-03-00.
(8) Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
(9) Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
(10) Educal fue establecida el 29 de enero de 1982 como una sociedad anónima de capital variable, con el objeto social de diseñar material didáctico que apoyara al Sistema Educativo Nacional. En 1987 se le asignan los recursos y funciones de «El Correo del Libro» y se dedica a la distribución y comercialización del fondo editorial de la Secretaría de Educación Pública". En 1998 por mandato de la presidencia del conaculta, a Educal se le asigna la función de comercializar y distribuir por medio de su infraestructura, los diferentes productos que generan las instituciones culturales del país. En la actualidad, Educal distribuye los fondos editoriales del Conaculta, del Subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaria de Educación Pública y de casi una centena de Instituciones Culturales Estatales, Universidades, Centros de Investigación, etcétera.
(11) Aportar información sobre esta institución.
(12) Sociedad General de Escritores de México.
(13) Instituto Nacional de Antropología e Historia.
(14) oei (2001): «Legislación sobre cultura en México. Enfoque panorámico de su estado actual» en Sistemas Nacionales de Cultura. Informe México [CD], Madrid.
(15) García Canclini comenta con gran precisión los requerimientos jurídicos actuales de la política cultural. Ver: «Legislar la cultura. Siete razones válidas», en Nueva Sociedad número 175, Caracas, Septiembre-Octubre 2001, pp. 60-69.
(16) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
(17) Instituto Mexicano de Cinematografía.
(18) Instituto Mexicano de la Radio.
(19) Jordi Pascual (2002): «Bastint el quart pilar», síntesis documental del Seminari Zero Bastint el quart pilar, CERC, Barcelona, mayo de 2002.
El pensamiento anglosajón se mueve con más libertad en este debate, pues el peso del mercado en su sector cultural es más notable. Para Andy C Pratt, profesor de la London School London School of Economics and Political Science, la «gobernancia» (governance) va más allá de la política cultural, en sentido de que intenta integrar dos factores: regulación y legitimidad. Ver: «The State and the Market, the Economy and Culture: Toward the Strategic Governance of Cultural Activities», Interacció’98: cultura y poder local, Barcelona, 25 de noviembre de 1998.
